El hackeo a Bybit revela las deficiencias en la seguridad y regulación del GAFI tras el robo de 400,000 ether.
La oposición nicaragüense acusa al presidente Ortega de usar leyes contra el lavado de dinero para vigilar y controlar transacciones con criptomonedas, alegando persecución política.
El Banco Central de Cuba actualiza medidas ante riesgos de fraude y lavado vinculados a criptomonedas.
Bitfinex empezará a reportar transacciones superiores a USD $1.000 desde enero de 2025 para cumplir con regulaciones internacionales.
Ricardo Mihura, presidente de ONG Bitcoin Argentina, expresa su preocupación por la nueva regulación que la CNV de Argentina está preparando, temiendo que sea una copia de GAFI.
Argentina ha aprobado la evaluación del GAFI, evitando así entrar en la "lista gris" relacionada con el lavado de dinero. La Comisión Nacional de Valores (CNV) destacó el control existente en el mercado de capitales del país.
Argentina logra evitar la lista gris del GAFI, lo cual tiene implicaciones económicas y para los bitcoiners en el país.
La Asociación Panameña de Mercado de Capitales (APAMEC) insta a Panamá a regular las criptomonedas y alinearse con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para destacar en el ámbito financiero global. Alfredo Muñoz resalta la transformación potencial en el mercado financiero local mediante blockchain y criptoactivos.
El GAFILAT evaluó las acciones del gobierno de Nayib Bukele y concluyó que Bitcoin no representa riesgos para las finanzas de El Salvador.
El informe de GAFILAT muestra el impacto limitado de Bitcoin en El Salvador, con solo $6.6 millones convertidos. Las remesas mediante monederos digitales no superan el 1 %, y existen rigurosos controles bancarios y auditorías para mitigar riesgos.
Bukele planea reformar leyes bitcoin para cumplir con el GAFI.
Perú implementa nueva regulación para empresas de criptomonedas desde el 1 de agosto, enfocada en prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. La SBS supervisará la aplicación de esta normativa, que incluye estrictos requisitos de identificación y sanciones severas para incumplimientos.
Regulaciones emergentes podrían intensificar la identificación de usuarios de criptomonedas, desafiando la privacidad en el uso de bitcoin.
La GAFI actúa como policía, definiendo la moralidad de las transacciones de Bitcoin.
